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El desarrollo de las tecnologías de la información es, junto a la liberalización iniciada en diciembre de 1998, el fenómeno que más ha influido en la transformación del sector de las telecomunicaciones. La aparición de las redes de banda ancha, la expansión de la telefonía móvil, la digitalización y, cómo no, la eclosión de las redes de datos, con  Internet a la cabeza, han provocado el inicio de una nueva era para las telecomunicaciones, marcada por la convergencia entre las telecomunicaciones, la informática y los medios audiovisuales y, desde una perspectiva económica, por un rápido incremento de su valor como sector productivo y demandante de empleo.

La irrupción de las tecnologías de la información y de Internet ha dado lugar a servicios y actividades nuevos, ha multiplicado la difusión de información, la divulgación de ideas y opiniones y la comunicación interpersonal. Las tecnologías de la información abren, además, nuevas oportunidades para el crecimiento económico y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, que se acercan a los mercados exteriores con tan sólo un "clic" de ratón.

Para aprovechar las ventajas que proporcionan las tecnologías de la información es preciso adecuar las normas de actuación a las nuevas necesidades, dando certeza jurídica a quienes usan esas tecnologías, es decir, marcando sus derechos, obligaciones y responsabilidades en el entorno digital. Un entorno que suscita dudas no sólo por ser un entorno de actuación nuevo, sino por la desvinculación del mundo físico que se ha producido en las relaciones comerciales y en los negocios en general.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene entre sus prioridades el desarrollo de la Sociedad de la Información en España, y especialmente el establecimiento de un marco regulatorio que impulse la oferta de servicios desde la industria y que, por otra parte, genere suficiente confianza en los ciudadanos como para estimular su demanda.

Internet está configurada como una red de telecomunicaciones abierta, de fácil acceso y uso, lo que la convierte en candidata de excepción para prestar multitud de servicios. La otra cara de la moneda radica en el carácter abierto.

Sin seguridad, dichos servicios son inviables electrónicamente.

Para ello, gobiernos de todo el mundo están trabajando en distintos frentes para hacer de Internet una red cada vez más segura. Uno de los frentes en los que se está haciendo especial esfuerzo en el ámbito europeo y, cómo no, también en España, es en el de regular mecanismos  de firma electrónica, que certifiquen que el sujeto es quien dice ser y ningún otro.

En concreto, y durante todo el año 2002, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha elaborado un Anteproyecto de Ley de Firma Electrónica. La nueva firma electrónica, va a reforzar las garantías a quienes utilizan la Red para realizar trámites telemáticos y va a fortalecer la confianza de los usuarios.

Además, al regular las bases del futuro DNI electrónico, va a servir para generalizar definitivamente el uso de la firma electrónica entre los ciudadanos, que van a poder identificarse en la Red permitiéndole el acceso de manera personalizada y cómoda a los servicios de la Administración electrónica y también la consulta telemática de datos con mayores garantías de privacidad.

Con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, España ha producido la primera regulación concebida para y por Internet. Con ella, nuestro país se ha adelantado a muchos países de la Unión Europea en la transposición de la Directiva existente sobre la materia.

Esta inédita norma incrementa la protección de los usuarios y sus derechos, al protegerle por ejemplo ante ciertos abusos, como el "spam" (el correo electrónico no solicitado).

Asimismo, y a través del establecimiento de un conjunto de sanciones económicas, se ha puesto coto a determinadas actuaciones que antes se encontraban impunes en la Red. Pero quizás lo más significativo ha sido el paso adelante que hemos dado con esta Ley haciendo posible que la venta de  un producto o servicio en Internet tenga las mismas garantías que tendría si se vendiera en una tienda.

Para que quienes utilizan la Red para comprar o vender, así como los intermediarios de estas transacciones, conozcan sus nuevos derechos y obligaciones, el Ministerio ha puesto en marcha una página web (www.lssi.es), en la que los ciudadanos pueden encontrar los contenidos más importantes de la Ley, el texto de la Ley propiamente dicho y otras normas relacionadas con ella.

Asimismo, se da respuesta a las preguntas o dudas más frecuentes que particulares y empresas han ido remitiendo al Ministerio en estos últimos meses, además de contar con un servicio de consultas propiamente dicho sobre la Ley.

En definitiva, creo que con las actuaciones realizadas y previstas, y con la participación de las empresas y las instituciones, vamos haciendo realidad esa sociedad de las oportunidades para todos, que traen consigo las nuevas tecnologías: la Sociedad de la Información.

Josep Piqué
Ministro de Ciencia y Tecnología